La oposición venezolana se movilizó este #15Feb para solicitar una respuesta tanto nacional como internacional, con el caso del niño venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.
Juan Guaidó, sostuvo una reunión con representantes de la Asamblea Nacional 2015, en donde solicitaron declarar “Persona Non Grata” al Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, tras sus declaraciones sobre el incidente en donde la Guardia Costera de la isla disparó contra una embarcación llena de venezolanos inmigrantes, en donde falleció un niño y su mamá resultó mal herida.
Para la diputada de la AN 2015 Olivia Lozano, las declaraciones del premier Rowley son una «peligrosa y repulsiva apología del delito».
«Se podrían interpretar como parte de su política de Estado contra los desprotegidos migrantes venezolanos… Esto pone en el tapete la necesidad de darle el estatus de refugiados a los venezolanos», dice Lozano, quien agrega que Trinidad y Tobago cometió una violación al derecho internacional humanitario.
Por otra parte, el también diputado de la AN 2015, Omar González, dijo que «es un ataque a la esencia de nuestro país, debemos estar conscientes que tenemos un enemigo frente a nuestras costas. El primer ministro Keith Rowley es un enemigo del pueblo venezolano».
Por su parte, representantes de la organización alianza del Lápiz, solicitaron un pronunciamiento considerable del canciller de la República, Félix Plasencia.
Jorge Barragán, miembro de la organización, solicita además de que a Rowley lo declaren «Persona Non Grata», que el embajador de Venezuela en la isla lo llamen a consulta y se expulse por la vía diplomática al representante de Trinidad en Venezuela.
Como se recordará, El mundo conoció la noticia del asesinato del menor de edad, quien junto a su madre fue baleado por la Guardia Costera de Trinidad cuando navegaban en una lancha repleta de inmigrantes venezolanos.
Las declaraciones del primer ministro trinitario a través de sus redes sociales están catalogadas como una defensa de la Guardia Costera. Rowley dijo que los funcionarios cumplían órdenes «razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales».
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